La Junta de Juarros

1. Primeras noticias documentales.

La Junta de Juarros nace en el proceso de repoblación llevado a cabo sobre las tierras caslellanas a partir del s. IX. Su justificación pasa por ser una institución supraconcejil formada a partir de la agrupación de varios concejos vecinos en razón, preferentemente, del aprovechamiento de la riqueza forestal y pastoril de la zona, en muchas ocasiones propiedad de varias aldeas. Esta Junta, al igual que otras de su misma entidad, se regían por Ordenanzas y contaban con un organismo rector compuesto por las autoridades concejiles de cada uno de los lugares miembros. La pertenencia a una institución de estas caractensticas nunca supuso un detrimento de la independencia de cada lugar integrante, todo lo contrario, además de velar por unos montes adquiridos en propiedad comun, garantizaba la jurisdiccion y privacidad del término propio, incluido el espacio de monte.

La primera mención documental en que se nos hace una relación de todos los lugares que componen la Junta de Juarros data de 1501, año en que se plantea la resolución de un pleito sobre términos y alcances entre Cardeñuela y los lugares que componen la Junta y el monasterio de San Cristóbal de Ibeas. Los pueblos que se citan son, por este orden: Mozoncillo, Salgüero, Brieva, Santa Cruz, Cueva, San Millán, San Andrés, Ibeas, Cuzcurrita y Espinosa, reunidos todos en el monasterio de Santa María de Bujedo " en la capilla de Santa Catalina que es dentro del dicho monesterio segund que lo tenemos de costumbre de nos ayuntar para hazer las cosas que son en serviçio de dios e utilidad ... ".

Para conocer más sobre esta entidad supraconcejil, hemos procedido a una labor de catalogación y transcripción de los documentos contenidos en el Archivo de la Junta de Juarros. No conformes con ello, y en orden a obtener una más amplia y contrastada información, acudimos al Archivo Histórico Provincial de Burgos, sección de Protocolos Notariales, para acceder a los documentos de carácter privado, es decir, dados entre paniculares ante notario público. Tampoco podía faltar, en un trabajo de investigación de esta índole, una visita a los Archivos Generales repartidos por el territorio nacional, el Archivo General de Simancas y el Archivo de la Real Chancillería, ambos en Valladolid. El vacío documental del primero de ellos ha sido satisfactoriamente compensado por el volumen de lo hallado en Simancas y sobre todo en la Chancillería, gran depósito documental donde se custodian todos los pleitos elevados al tribunal superior de Justicia a petición de las partes litigantes, todos ellos vecinos de la Junta, bien fueran particulares, instituciones o ambos entre sí. He de advertir que en este último archivo, por hallarse en un incipiente estado de informatización documental. nos ha sido posible acceder, únicamente, a los ficheros de las escribanías contenidas en la base de datos de los ordenadores centrales, siendonos difícil el acceso a lo aún no catalogado. Por todo ello, presentamos una labor de investigacion inconclusa hasta el día de hoy, en espera de quedar finalizado el proceso de catalogación infomática del propio Archivo. De utilidad nos fue el Archivo del Cabildo Catedralicio de Burgos, donde hallamos un Becerro del monasterio de San Cristóbal de Ibeas, fechado en 1787, sin duda, una copia del original que se halla en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, donde también acudimos en busca del privilegio dado por el rey Alfonso VlI a la Junta de Juarros, en el que supuestamente el monarca concedio en el año 1145 los bienes comunales a todos los pueblos componentes de la Junta de Juarros y con el que quedó institucionalizada ésta, pero aquí tampoco tuvimos suerte. Pero han sido sin duda los fondos del Archivo Municipal de la Junta, depositados en el pueblo de Salgüero, los que nos han ofrecido el volumen documental más rico, a pesar de las irreparables pérdidas arremetidas por el paso del tiempo. A falta de un margen de tiempo mayor para el estudio y reconsiderada la dificultad del cometido, hubiera sido conveniente la revisión de los fondos recogidos en los Archivos Municipales de cada uno de los pueblos que componen la Junta. 

Entre la documentación histórica conservada en el Archivo Munjcipal de la Junta, los más antiguos expedientes se remontan a los años 1388 y 1481. El primero de ellos se corresponde con una copia hecha en 1613, aunque a efectos de antigüedad histórica nos interesa la primera de las fechas. Así, por aquellas fechas tardías del s. XIV vemos a la Junta entablando litigio ante la justicia ordinaria contra la villa de Pineda de la Sierra en razón de los términos y usos de pastos para los ganados de ambas partes. El segundo, fechado en el último tercio del s. XV, tiene como motivo de reclamación el reparto de "galeotes", un tipo de impuesto que gravaba a las villas de behetría, dependientes en última instancia del rey. Por comprobarse que los lugares de la Junta de Juarros y La Mata eran de solariego, es decir, que estaban sujetos a la jurisdicción de un señor, quedan eximidos del pago del mismo.

Por razones de funcionalidad y con motivo de agilizar las labores de catalogación del archivo. hemos hecho mayor hincapié en los documentos que quedan comprendidos en el intervalo que tiene como fecha inicial el año 1388 y como última el 1893. Fijados estos limites, nos encontramos con un volumen documental formado por 149 expedientes, de los cuales, un total de 15 pertenecen al s. XVI, 48 del s. XVII, 59 del XVIII, 18 del XIX, 5 sin determinar su fecha y 2 entrados ya en el s. XX. que por razones de importancia hemos incluido a pesar de quedar fuera de los límites establecidos.


2. Funcionamiento interno de la Junta.

La pertenencia a una Junta de estas características no supone la negación y pérdida de la independencia concejil de los pueblos que la integran. Al contrario, las ventajas eran muchas en la práctica, aunque a la hora de la verdad era en los tribunales donde había que demostrarlas. En verdad, cada lugar tenía su propio término alrededor de su población, conocido con el nombre de "Villar", el cual lindaba con el término común de la Junta. Así nos lo indica un documento del año 1549 con motivo de la renovacion de los mojones caidos, encargados de distinguir el término común de la Junta de los propios de cada población. Un extracto del documento reza lo siguiente: "... dentro de la redondez de los terminas comunes de la Junta de Juarros estaban situados y poblados honçe lugares que heran de la dicha Junta y cada uno de los dichos lugares tenia un termino pequeño alrrededor de su poblaçion que se llamaba el Villar, que hera propio y particular de cada uno de los dichos pueblos y los villares de los dichos lugares confinaban con el dicho termino comunero de la dicha Junta (...)".

Pero, sin duda, el documento más antiguo acerca a la Junta se halla en el Becerrode San Cristóbal de lbeas, localizado en el Archivo de la Catedral de Burgos, fechado en 1145. En este año el emperador Alfonso VlI da en privilegio a la Junta un lote de tierras de cierta relevancia. Los limites territoriales contenidos en ese privilegio pasarían así a engrosar los bienes de titularidad comunal de los lugares que integraban la Junta. Pero estas posesiones de uso comunitario no permanecieron siempre bajo la titularidad de la Junta, sino que por razones de necesidad se procedió a buena parte de su venta a los lugares de Juarros. De este modo, lo que en un principjo vendría a ser un territorio de dimensiones concretas (desconocemos la naturaleza de la donación regia a falta del documento original), con el paso del tiempo iría perdiendo dimensiones a favor de los "villares" o términos propios de cada lugar, que lo irían incorporando a sus terrazgos a falta de espacio productivo. Un buen ejemplo de este proceder lo encontramos en un documento de 1333, año en que unos vecinos de Brieva de Juarros vendieron en nombre de su concejo el monte donde llaman Valcobadillo, incluida su leña, cotos y frutos, a fray Domingo, abad de San Cristóbal, que a su vez dicho concejo compró a la Junta en el término de Juarros.

A pesar de estos recursos utilizados, las posesiones de la Junta no debían ser nada desdeñables a finales del s. XIV, de tal manera que sus ingresos la perrnitian estar en condiciones de hacer préstamos. Datos como éste podemos encontrarlos en un documento de 1494, año en que los procuradores y alcaldes de la Junta se ven en la obligación de hacer una probanza por la que se les devolviesen los 70.000 maravedís prestados a los Reyes Católicos. En otro fechado en 1685 aparece la Junta como prestataria de un censo cuyo principal ya ha sido redimido por el beneficiario. Seis años más tarde se repite la concesión de un nuevo censo a otro particular que se compromete a devolver la partida prestada. Pero el contenido del privilegio no se quedaba en una mera descripción delímites y términos de propiedad y titularidad de la Junta de Juarros. También incluía toda una normativa de aprovechamiento de pastos y montes sobre este territorio, a fin desolucionar muchas diferencias con los pueblos vecinos .Uno de los aspectos más interesantes de la organización interna de la Junta es el referido al conjunto de oficiales sobre los que recaía el peso de la administración de la jurisdicción de Juarros y La Mata. Los documentos manejados han aportado numerosos datos acerca del cometido de estos, pero siempre de una manera indirecta, sin entrar en demasiados detalles. Una vez ordenada la información disponible, procedimos a su atribución en función del cargo y el cometido a desempeñar, siendo los resultados obtenidos de indudable interés para la comprensión de la vida interna de la Junta. Los cargos a continuación descritos no son, ni mucho menos, los únicos que formaron parte del cuerpo administrativo de la Junta, pero sí, en cambio, los más imprescindibles a la hora de gestionar los asuntos de funcionamiento interno.


a) Alcalde Mayor: Aunque los documentos distinguen entre un Alcalde Mayor y unos Alcaldes Generales de la Junta, lo cierto es que poco hacen por aclarar el cometido de cada uno. Para la elección del cargo de Alcalde Mayor se requería de una "escritura de fianza", es decir, disponer de un fiador que se comprometiera con todos sus bienes a pagar las fianzas y gastos de justicia de cualquier proceso en que se viera implicado el Alcalde, en caso de no ser satisfecho por él. Pero se contemplaba también la posibilidad de correr la Junta con el pago de los gastos del procesamiento. Se acudía ante el Alcalde

Mayor para comparecer con motivo de la resolución de las diferencias por prendadas entre dos o más concejos de la Junta, encargándose de sentenciar cualquier pleito, de la naturaleza que este fuese. Otra de sus funciones era hacer recuento de vecinos de la Junta en orden a hacer el repartimiento de las levas militares. Si no cumplía con sus obligaciones le era impuesta una pena económica. Así tuvo lugar en el año 1639, cuando la Junta interpone un pleito a su Alcalde Mayor por el que se le acusa de no hacer el correspondiente listado de vecinos. De su elección no se nos da ninguna información. Se contemplaba, igualmente, la figura de un teniente de Alcalde Mayor, encargado de suplir a éste en sus funciones en caso de ausentismo o enfermedad .

b) Alcaldes Generales: Cualquier acercamiento a la realidad de estos oficiales carece de credibilidad a causa de lo contradictorio de las declaraciones en torno a ellos.El periodo de elección queda claro: cada dos años, como era la costumbre, se procedía a elegir, el día de Santiago u ocho días antes, al alcalde general de entre los vecinos de la Junta. La cosa no queda tan clara cuando se trata del número de alcaldes que componían el equipo, así como tampoco su procedencia. Parece que hubo dos y a veces tres. En el año 1577 se entabló un pleito entre los pueblos de la Junta y el concejo de Santa Cruz de Juarros en torno al nombramiento de los alcaldes generales. Al parecer, el pueblo de Santa Cruz quería apropiarse de la exclusividad de elegir al Alcalde General de la Junta de entre su vecindario. La sentencia establece que se elija a uno de los Alcaldes de entre los vecinos de Santa Cruz y al otro de entre el resto de los concejos. En adelante, dicha elección se haría en Bujedo. Este documento nos pone de relieve la problemática suscitada en torno a la elección del oficio que, lejos de quedar resuelta, se prolongaría en el tiempo hasta 1586, año en que se vive un nuevo pleito entre el concejo de Ibeas y el resto de la Junta. Esta vez sería el pueblo de Ibeas de Juarros el que compartiría, junto con Santa Cruz, el protagonismo de la elección. En los años que separan ambos pleitos,los cambios han sido sustanciales. En el primero de los pleitos se establecía que Santa Cruz conservaba la prerrogativa de ser elegido de entre su vecindario a uno de los dos alcaldes de la Junta, quedando el segundo ampliado al resto de los pueblos. En el segundo de los pleitos, la prerrogativa se amplía al pueblo de Ibeas, perdiéndose el resto de los concejos la capacidad de optar a esta elección. Este último se origina al contra venirse en el presente año de 1586 "la costumbre desde tiempo inmemonal" de elegir alcaldes y procuradores generales de la Junta de entre los vecinos de Ibeas y Santa Cruz. Para llegar a una solución, se presentan a declarar tres testigos cuyas declaraciones son de lo más contradictorias. El primero de ellos, en ese momento alcalde de Santa Cruz, afirma bajo juramento que fue alcalde de la Junta durante cuatro años y que siempre tuvo como compañero de oficio a un Alcalde elegido de entre el concejo de Ibeas. Un segundo testigo alega que, además de los dos alcaldes elegidos de entre los referidos pueblos, se nombraba a un tercero de entre el resto de la Junta. El último de los testigos llevados a declarar asegura que ni dos ni tres Alcaldes, tan sólo uno actuaba como único alcalde de la Junta, el cual era elegido de entre el vecindario de lbeas. En una primera sentencia, la justicia ordinaria se decanta por el concejo de Ibeas, a quien concede la exclusividad del oficio. Pero la insatisfacción de la resolución adoptada hace apelar el juicio ante la Chancillería de Valladolid y aunque desconocemos la decisión tomada por este tribunal real, lo cierto es que un apeo de 1605 con motivo de un amojonamiento de términos entre la Junta y el pueblo de Castrillo del Val nos aporta la respuesta que resuelve nuestra duda: tres eran los Alcaldes Generales de la Junta. El primero era de Santa Cruz, coincidiendo en la misma persona que ocupara el cargo de alcalde pedáneo del lugar. El segundo era de Ibeas y el tercero se elegía de entre el resto de la Junta. Las ordenanzas contemplan una multa de 200 maravedís sobre aquel vecino que, tras su elección, se negara a aceptar el cargo.

Una vez resuelto el problema del número de alcaldes y de su procedencia, queda hacer alusión a su cometido, de naturaleza muy variada. En primer lugar, son los representantes de la Junta, junto con los procuradores generales, en caso de un pleito ante la justicia. Ambos oficiales eran los encargados de elegir a los apeadores de la Junta con motivo del amojonamiento de los términos de ésta. Eran también los únicos capacitados, juntamente con los alcaldes pedáneos de cada lugar, para castigar en caso de incumplimiento de alguna de las normas reguladas en las ordenanzas. Los alcaldes velaban también por el cumplimiento de las concordias que la Junta firmaba con otros lugares, casi siempre de un contenido de carácter silvopastoril. en un intento de poner fin a los conflictos originados por entradas ilegales de ganado, prendadas injustas o multas excesivas.

c) Procuradores Generales: En los documentos siempre figuran junto a los alcaldes. con quienes comparten la mayor parte de sus funciones. Así, en cualquier pleito en que se viera involucrada la Junta y cuestionado sus derechos, alcaldes y procuradores defendían en su nombre los intereses de la misma ante la justicia. Ayudaban a los Alcaldes a elegir los apeadores por parte de la Junta con relación a algún apeo, velaban para que se respetaran las concordias firmadas con otros pueblos de fuera de la Junta, estaban capacitados para solicitar un aumento de penas por talas en los montes titularidad de la Junta y eran los encargados de solicitar a la Chancillería una Real Provisión en defensa de algún derecho a reconocer o garantizar. Juntos se reunían para elaborar la relación de gastos e ingresos de cada lugar, a fin de llevar una contabilidad que reflejara los posibles desequilibrios en ambas partidas. En general, alcaldes y procuradores generales estaban para hacer cumplir las normativas de la Junta y, en caso de omisión, procedían a la aplicación de las correspondientes penas. A través de las fuentes documentales sabemos que los salarios de los procuradores se desembolsaban de las arcas de la Junta.

d) Corregidor de la Junta: El corregidor no era otro que un representante del poder central en una localidad. En este caso, el corregidor de la Junta era un delegado real sobre un territorio de mayor amplitud, una institución de características supraconcejiles. Aunque los documentos apenan datos poco generosos a la hora de fijar las funciones del corregidor, sabemos que entre sus cometidos más importantes estaba la declaración a la ciudad de Burgos sobre si la jurisdicción de Juarros y La Mata contraían e no "penas de Cámara". A principios de cada año se nombraba un "depositario de Penas", encargado de la percepción de las mencionadas "penas de cámara" y su contabilidad en un libro, el cual se remitiría con periodicidad anual a la Contaduría, incluyendo las condenas. De existir éstas, debía pagarse por ellas un total de 20.000 maravedíes, dirigidos al Real Consejo. Otra de las funciones del corregidor de la Junta era obligar al resto de los oficiales cumplir con el arancel de los derechos que debían cobrar los escribanos por desempeñar su oficio, así como de la Junta velar por el cumplimiento de las cartas ejecutorias ganadas por la Junta en algún juicio. Sobre él recaía un alto grado de responsabilidad. pues era el máximo responsable de los errores que cometieran los oficiales subalternos de todos los pueblos de su jurisdicción.

El proceso de elección del corregidor de la Junta se repetía cada tres años. A diferencia de los Alcaldes y Procuradores Generales, el corregidor se elegía únicamente de entre los letrados y, al igual que estos, se le obligaba a residir de manera continuada en algún lugar de la Junta durante el periodo de actividad de su cargo. Cuando algún corregidor se negaba a cumplir con este requisito, se le sometía a denuncia por parte de los procuradores de la Junta. Un documento del s. XVII nos presenta una denuncia hecha por los procuradores que obliga al corregidor desobediente a residir en algún lugar de la comarca, tal y como ya se ganó en juicio. Al parecer, el imputado llevaba nueve años viviendo en Revilla del Campo, capital de la Jurisdicción de La Mata, sintiéndose por ello los de Juarros perjudicados. Desconocemos si finalmente la denuncia presentada de parte de Juarros fue admitida, pues el documento no pasa de ser más que un requerimiento de petición. Uno de los requisitos para la elección era disponer de un fiador, persona que se comprometía con sus bienes a pagar las oportunas fianzas y gastos derivados de un proceso judicial que no pudiera hacer efectivo el propio corregidor. Este mismo compromiso podemos contemplarle en un documento fechado en 1727 con motivo del nombramiemo del cargo de corregidor y justicia ordinaria de la jurisdicción de Juarros y La Mata. Así, se requería la presencia de testigos que admitieran bajo juramento la buena conducta, disponibilidad y conveniencia de la elección del aspirante a corregidor. De no cumplir con una correcta administración de la justicia durante los tres años al frente de la jurisdicción de la Junta, se le sometería a juicio en un plazo de treinta días, así como a la correspondiente condena económica en concepto de agravio.

e) Alguacil Mayor de la Junta: La existencia de este oficial de la Junta queda manifestada en un documento de 1704, año en que tiene lugar un pleito contra el Alguacil Mayor en funciones por incurrir en incompatibilidad de cargos. Nunca antes se había aludido en un documento la posibilidad de caer en este delito salvo con los cargos de Alguacil y Corregidor de la Junta. Al parecer, quedaba totalmente prohibido disfrutar de ambos oficios al mismo tiempo y la razón parece clara si leemos con detenimiento el cometido descrito para cada uno. Así, la misión del Corregidor no era otra que la de apoyar y defender al procurador involucrado en un litigio, mientras que el Alguacil se ocupaba de ejecutar y hacer cumplir las órdenes judiciales dadas contra aquellos. El Alguacil Mayor no podía nombrar a sus propios sustitutos, lo que anulaba cualquier posibilidad de elección arbitraria en la sucesión. Igualmente, se impedía el desempeño de ambos oficios en caso de ausentismo o enfermedad de uno de ellos. El Alguacil, en comunión con el Alcalde Mayor y los Procuradores y Alcaldes Generales de la Junta, eran los encargados de elaborar los inventarios, cuentas y particiones previstas para cualquier reparto a los concejos, así como garantizar el adecuado respeto a las leyes del reino, las ordenanzas y las costumbres de régimen interno de la Junta.

f) Secretario de la Junta: Al igual que una localidad, lugar o villa disponía de su secretario particular para la compulsa de los documentos expedidos dentro de su concejo, la Junta requería del suyo propio para la aprobación y aceptación de todos los documentos concernientes al funcionamiento de la misma. Por su mano debían pasar todos los documentos administrativos, de manera que cualquier papel que omitiera su firma y sello carecía de la validez pública necesaria. Por citar un ejemplo, la aprobación definitiva de unas ordenanzas pasaba por el visto bueno del Secretario de la Junta.

g) Jueces de la Junta: Cuando la Junta se veía implicada en un juicio por penas, pastos y cortas de leña de carácter ilegal contra algún pueblo de fuera, el primer paso a seguir era la elección de los jueces árbitros, generalmente tres, quienes se comprometían a, en un plazo de ochenta días, poner solucion al pleito. De no poder hacerse en el tiempo previsto, cabía la posibilidad de prorrogarse el tiempo hasta dos veces el plazo inicial, pero nunca más. El tiempo de ejercicio de un juez se ampliaba a tres años, con posibilidad de ser reelegido por otros tres, siempre y cuando pasara con éxito las dos visitas requeridas conforme a autos. Los jueces disfrutaban de la regalía de poder nombrar sustituto, concesión que de hecho derivó en patrimonialización del cargo, esto es, su traspaso por línea hereditaria de transmisión directa. En un pleito que se entabló entre el pueblo de Cardeñuela de Valdeorbaneja y la Junta en el año 1501, sabemos que la primera eligió para su representación a dos jueces, el primero prior del monasterio de San Pedro de Cardeña, y el segundo cura de lbeas de Juarros.

h) Escribano público de la Jurisdicción de Juarros y La Mata: La facultad de un escribano público era expedir y otorgar todo tipo de documentos que los vecinos de su jurisdicción solicitaran ante él. Un documento de naturaleza privada carecía de validez pública cuando se daba al margen de su consentimiento. Aunque los documentos de la Junta no hacen referencia al modo de elección de este cargo, sí encontramos en 1793 uno que recoge una queja por parte de Manuel Escobar, por entonces escribano público de la jurisdicción de Juarros y La Mata, en defensa de unos derechos que le habían sido usurpados por los escribanos de los pueblos vecinos. El denunciante se ve agraviado por el resto de los escribanos, quienes le han minado su facultad para expedir y otorgar documentos. Las leyes amparan su reivindicación, ya que cualquier documento sólo podía concederse por los escribanos del "número" del lugar de dónde se hallare la heredad objeto del litigio. De no existir uno en ese lugar, se deberá acudir al de la villa de realengo más cercana, pero siempre dentro de ese mismo partido.


Pero todo buen funcionamiento de una entidad supraconcejil como la nuestra pasaba por la supervisión de los cargos que la integraban. Para conseguirlo se acudió al procedimiento de las visitas. Éstas constituían el instrumento necesario de garantía para el correcto desempeño de los oficios, a fin de corregir las posibles deficiencias que pudieran acontecer en el transcurso de los mismos. Los documentos no pueden ser más expresivos: las visitas están para corregir las muchas deficiencias y delitos en que incurrían los beneficiarios de los cargos. Los jueces eran los únicos capacitados para aprobar las visitas por realizar a los nuevos oficiales. Un documento de 1634 pone de manifiesto la necesidad de estas visitas, aunque niega cualquier posibilidad en caso de no transcurrir el tiempo previsto para su aplicación. Para las fechas en que se emite esta notificación, se recuerda al que fuera corregidor en las pasadas elecciones de no poder hacer la visita por no haberse cumplido el plazo establecido por ley. La aprobación de unas nuevas pragmáticas establece realizar las visitas cada tres años, y la única persona capacitada para ello es aquella que ocupó ese puesto la vez anterior. Para llevar un control exacto de las mismas, se acudía a su petición mediante un auto.


3. Competencias de la Junta.

Los asuntos que debía tratar la Junta con regularidad eran tantos que podían abarcar los campos más variados. Recordemos que uno de los temas que dieron sentido a las Juntas, motivo por el cual nacieron, fue el aprovechamiento que todos los pueblos que la componían hacían de los pastos y montes de titularidad comunal. Pero éste no fue la única preocupación que acaparó los esfuerzos de la Junta de Juarros. El resto tenía que ver con los repartimiemos de impuestos, el arrendamiento de bienes, la resolución de pleitos surgidos entre distintos concejos de la Junta o entre ella y algún concejo integrante. Para discutir y tratar todos estos aspectos, la totalidad de los pueblos integrantes de la Junta tenían por costumbre reunirse en el monasterio de Santa María de Bujedo, en el interior de la Capilla de Santa Catalina. Otro de los lugares que emplearon para las Juntas Generales a partir de cierto momento fue Salgüero, quedando obligado u proporcionar un local a los alcaldes y procuradores generales. Pero fueron sin duda alguna los olmos y robles los lugares preferidos para discutir cualquier tema concerniente a la vida interior de la Junta. Sabemos que en el año 1388 se reúnen en el olmo denominado "de Ja Junta" los vecinos de Cueva, Cuzcurrita, Ibeas y Santa Cruz para llegar a un acuerdo sobre ciertas diferencias aparecidas.

3.1. Recaudación de impuestos y otras contribuciones.

Como cualquier otro concejo, los pueblos que componían la Junta se reunían en Junta General para tratar los aspectos que afectaban a todos. Una de las reuniones que tenían lugar todos los años versaba sobre el reparto del "servicio real", un tipo de impuesto debido a la Corona. El pago se hacia de forma proporcional al número de vecinos de cada concejo, de manera que el pueblo que con más diferencia debía contribuir era Santa Cruz de Juarros.

Cada año, la justicia de la jurisdicción de Juarros y La Mala debía presentar una notificación al Alguacil Mayor de Rentas Reales y Servicios de Millones de la ciudad de Burgos, oficial dedicado a la administración y cobranza de las "penas de cámara" y gastos de Justicia de toda la provincia, para que diera fe de las penas y gastos propios de la Junta. El mayor volumen se lo llevaba esta partida, pero también estaba aquella otra referida a los derechos de Contaduría General. Pero la Junta contó con una dispensa real que la favorecía para disponer de una rebaja en el Servicio Ordinario y Extraordinario por cienos motivos que a continuación expondremos. Avanzado ya el s.XVII, la Junta de Juarros se ve en la necesidad imperiosa de solicitar al rey una Real Cédula para que se le rebaje a la mitad lo que debía pagar por este servicio. Son los lugares de ambas Juntas, la de Juarros y La Mata, los que suplican del rey una reducción a la tercera parte de lo que se les asignaba, alegando contar con una población muy reducida, tres veces menor de la que tenían siglos atrás. Para que se les conceda dicha petición y se reduzca, además, al recaudador el cuatro por ciento en concepto de la cobranza, alegan no haber hecho uso de arbitrios para la satisfacción de dicho servicio. El rey aprueba la petición y concede la Cédula solicitada por un periodo que va desde el 1 de Enero de 1673 hasta el 31 de Diciembre de 1742. Y para que así conste, la merced real se hace incluir en los libros de Contaduría General de Valores de la Real Hacienda. El 22 de Septiembre de ese mismo año se notifica en Burgos la Cédula. Pero transcurridos los seis años de dispensa continúan los problemas demográficos, económicos y de solvencia para la Junta, por lo requiere del Gobierno Central una nueva reducción, esta vez por un plazo de tiempo mayor, cuatro trienios. Para que se le conceda, la Junta reconoce estar pasando por años de cortas y malas cosechas; un empobrecimiento que repercute en una excesiva carestía de la sal y el siempre preocupante descenso de la población de la comarca. Ante la gravedad de la situación, el Gobierno se muestra complaciente por la situación que atraviesan los lugares de la Junta y decide renovar la reducción por doce años más, en agradecimiento por la contribución de los vecinos de Juarros a las milicias. La jurisdicción de Juarros y La Mata también debía abonar una cantidad de dinero anual por las contribuciones y derechos del despacho de documentos y papel.

3.2. lnfraestructuras viarias.

La construcción y reparación de los caminos y puentes fue otra de las preocupaciones constantes de la Junta. En su mantenimiento y cuidado empleó numerosos esfuerzos, aunque alguno de los documentos estudiados denuncia la mala situación de las comunicaciones a finales del siglo XVIII, a pesar de lo avanzado del tiempo. El procedimiento utilizado para la recaudación de las partidas de dinero fue el repartimiento entre los distintos concejos que integraban la Junta en función del número de vecinos de cada uno. Así, el lugar que contara con más población debía recaudar una partida mayor que aquel cuyo vecindario fuera más modesto. Con el dinero recogido se contribuía al mantenimiento y reparo de los puentes de la comarca, así como a otros de fuera. Uno de los puentes reparados fue el del Canto, sobre el río Arlanzón, situado en la carretera que va de Arlanzón a San Millán. Para ello, se requirió de un repartimiento a los distintos lugares de la Junta. Pero la Junta también obligó en numerosas ocasiones a colaborar con remesas de dinero destinadas a la restauración de puentes en Belorado o en Melgar de Yuso, éste último sobre el Pisuerga. En alguna ocasión los pueblos de la Junta ofrecieron resistencia al pago de estos impuestos, sobre todo en momentos de penuria económica, que era cuando se hacía mención a lo gravoso del repartimiento. Ante casos de rebeldía como éste, la Junta contaba con sus propios procedimientos de presión, responsabilizando al concejo insurrecto de las consecuencias derivadas de un cobro insatisfecho.

3.3. Los Compromisos sobre pastos.

Un procedimiento muy común entre las Juntas supraconcejiles y aplicable también a la de Juarros fue el recurso a los Compromisos sobre pastos. Mediante este recurso, dos comunidades locales se comprometían a concederse alcances en cada uno de sus ténninos (llamados por los documentos dadibas), de tal manera que los de un pueblo podían ir con sus ganados a pastar en la solana cedida en el término del otro pueblo y viceversa. La teoría demostraba que el pasto en estos soles y alcances era libre y gratuito para cada una de las partes firmantes, de manera que no cabía la posibilidad de hacer prendada de ganado por parte de ninguno de los concejos afectados. Igualmente, durante el tiempo de la cosecha de alguno de los campos afectados, se debían cuidar y respetar los frutos de la entrada de los ganados, por lo menos hasta el primer día de Septiembre, momento en que se abría la veda al pasto. Pero aunque esto quedaba claro sobre el papel del compromiso, la realidad era bien distinta y de ello da fe el compromiso que se firma entre los concejos de la Junta de Juarros y la villa de Palazuelos sobre el aprovechamiento de pastos y cotos en las propiedades comunes de ambos lugares. Se establecían penas a la entrada de rebaños foráneos en los términos propios de la Junta, distinguiendo diferentes multas en función del tamaño de aquellos. Lejos de solucionarse las diferencias con el vecino pueblo, los de la Junta hacen una consulta en el año 1705 a su licenciado con objeto de saber a quién tocaba el cobro por las multas de los ganados que entraren en soles que cada lugar se tenía dado con motivo de las prendadas llevadas a cabo por los de Palazuelos sobre el ganado de los de la Junta que pastaba en los alcances que aquellos le tenían dado a ésta. Los de Palazuelos se defienden alegando que aquellas prendadas les pertenecen por ser común la hierba. La respuesta a la consulta sorprende cuando menos, pues deriva las multas de las prendadas realizadas al dueño de la propiedad donde se requisaran los animales.

3.4. Las "prendadas" de ganado en los alcances y término de la Junta.

Uno de los recursos más empleados por la Junta para hacer cumplir los capítulos relativos al buen uso y  disfrute de las dadibas y los pastos de uso comunitario de todos los lugares que la componían, fue sin duda la requisa de aquel ganado que no cumplía con la normativa de las ordenanzas. Esto es, la Junta procedía a incautar o prendar aquellos ganados que se encontraban fuera de los lugares de pasto establecidos, así como obligar a los concejos a hacer lo mismo cuando observaran entradas ilegales en pastos vedados a todo entrada. Siguiendo este precepto, cada lugar estaba obligado a sacar y cobrar las prendadas a los concejos sobre los que tenía derecho y no a otros. San Adrián, por ejemplo, quedaba obligado a cobrar las multas por entrada de ganados a los pueblos de Santa Cruz y Salgüero, mientras estos, a su vez, se comprometían a hacerlo con los que le tocaren. De esta manera, se creaba todo un complejo sistema de control que no tenía otro objetivo que velar por el buen funcionamiento de la Junta y el aprovechamiento de los pastos de sus montes. 

La propia Junta se encargaba de poner a sus guardias, para que fueran ellos quienes hicieran las requisas de los ganados que causaran algún perjuicio a los entrepanes, sin que ello supusiera la eliminación de los guardas de cada uno de los lugares de la Junta. Pero cualquier vecino de la Junta estaba igualmente legitimado para hacer prendas a los rebaños que entraren en los entrepanes y rastrojos de la Junta, excepto aquel que fuera pastor. Tras una prenda de ganado había implícita una multa económica que el vecino sorprendido debía satisfacer y hacer llegar a los oficiales de la Junta. Cada vez que se hacia una prendada era obligado dar aviso al concejo afectado. Los únicos terrenos que quedaban exentos de tales requisas de ganado eran los de "consuno", pues eran de propiedad compartida entre dos o más concejos. No era frecuente que todos los vecinos cuyo ganado había sido sorprendido en los terrenos prohibidos al pasto pagaran sin protestar las correspondientes penas económicas. Cuando un vecino se negaba a pagar la prenda de que había sido objeto, el prendador debía dirigirse con querella ante el concejo de donde era vecino el inculpado. siendo el alcalde de este último quien debía obligar al pago del coto o prenda al propietario moroso. Si a pesar de todo esto no se lograba el cobro de la multa, el prendador debía dirigirse al concejo de donde era vecino y desde allí se imputaría al otro alcalde o juez por incumplimiento de la justicia. Aún con todo, el vecino sorprendido no quedaba impune, pues la Junta lo castigaba con la cárcel o con una pena mayor a la contenida en la prendada. Consta que la Junta también hizo prendadas a determinados concejos por introducir sus ganados en los términos señalados para los ganados de otros. Así ocurre en el año 1795, cuando algunos vecinos del concejo de Salgüero son sorprendidos introduciendo sus ganados en los términos señalados por la Junta para el ganado de San Adrián.

Otro de los aspectos de la prendada era la recuperación de los ganados incautados. Cuando se trataba de recuperar los ganados que entraron de manera ilegal en los términos que dos concejos se tienen dados, el dueño tendrá que pagar la pena impuesta dentro del plazo de tres días. Si no satisface el pago de la misma, no podrá recuperar su ganado y, en consecuencia, el prendador podrá disponer de él a su antojo. Pero si la negativa en el pago se debiera a una falta de recursos, el vecino objeto de la prenda tendría que justificar la declaración, siendo, entonces, cuando se le devolvería la res incautada.

3.5. Gestión de lo términos propios de la Junta.

Eran muchas las condiciones que imponía la Junta a sus concejos para el aprovechamiento de los términos que la pertenecían. Para lograr que todos los concejos que la integraban obedecieran sus mandaros, elaboró todo un sistema de multas que, además de garantizar un obligado cumplimiemo de la normativa interna, constituyeron una importante fuente de ingresos. Todas las prohibiciones iban encaminadas a la salvaguarda de los pastos y montes cuyo aprovechamiento requería una estricta supervisión, a fin de garantizar el equilibrio y evitar los abusos por parte de algunos concejos.

Una carta ejecutoria de la Junta contra los lugares de Cuzcurrita, Cueva, Espinosa, San Adrián, Brieva y Salgüero nos muestra con claridad cómo se debían guardar los términos de la Junta conforme a unas normas fijadas en la sentencia. Conocidas son las multas impuestas con motivo de la entrada de los ganados a los entrepanes y rastrojos, espacios cercados durante el tiempo que duraba la cosecha, es decir, desde el día de Santiago (u ocho días antes si la cosecha venia más temprana) hasta el de Nuestra Señora de Septiembre. Esta norma velaba para que los panes fueran respetados durante el tiempo que estuvieran en los campos, preservándolos del daño que pudieran ocasionarles los rebaños, ya que, como especifican los documentos, "su transito es perjudicial para ellos". De no hacerse así, se abonaría una multa de coto por cabeza si el ganado se encontrara en los entrepanes durante el día, doblándose la pena de acontecer durante la noche. La Junta prohibía a cualquier vecino que segara la hierba en los entrepanes de su términos, so pena establecida. Pero esta norma de obligado cumplimiento para todos los concejos de la Junta, contaba con una pequeña dispensa que permitía a cada vecino llevar una bestia a dichos espacios, siempre y cuando se respetaran los panes. De no ser así, se pagaría el agravio al dueño del campo pisoteado.

En el año 1586, una sentencia dada entre los concejos de la Junta y los lugares de Cuzcurrita y Espinosa nos pone de manifiesto cómo también era posible una exención en el pasto de los bueyes y ganados de tiro. Dado el importante papel que estos animales desempeñaban en las haciendas familiares, la Junta contemplaba la posibilidad de delimitar una amplia mojonera dentro de los términos de su propiedad donde poder echar a pastar al ganado de labor durante el día, aunque aquellos estuviesen cargados de "pan", siempre y cuando se respetara la cosecha.

Cada rebaño lanar debía llevar su cencerro para que su dueño supiera en cada momento donde entraban sus ganados. Para garantizar que se cumplía lo acordado, una multa de obligado cumplimiento quedaba prefijada, de igual cantidad tanto de día como de noche.

Pero fue, sin duda, el problema de la gestión de los pastos de uso común lo que más conflictos y pleitos generó a la Junta desde tiempos muy tempranos. En el año 1211 hay noticias de una carta de asiento, concierto y avenencia entre ciertos caballeros de la Junta de Juarros y el abad de San Cristobal, mayor en toda la Junta, en que establecen no se corte leña en el monte de Matanza sino en la forma acordada. Las diferencias por este motivo fueron los temas más solicitados ante la Justicia Ordinaria y el Tribunal Mayor de la Chancillería Real. Los hay no sólo entre los propios concejos de la Junta entre sí, sino también entre la Junta y alguno de sus pueblos integrantes. Pero los de más difícil resolución fueron los entablados entre la propia Junta y los concejos no pertenecientes a la misma, por un lado y los contraídos contra las comunidades monásticas vecinas, por otro.

De los acontecidos entre alguno de los concejos de la Junta, hemos de destacar uno que llega hasta la Chancillería y por el cual litigan los concejos de Mozoncillo y Cuzcurrita en 1712 por roturación del término "Barrena", de uso privativo del primero. Tampoco faltó algún desacuerdo entre un concejo de la Junta y otro de fuera de ella. Tal fue el caso del pleito elevado también a este Tribunal Mayor en 1640 por parte del concejo de Castrillo del Val por una corta ilegal hecha por unos vecinos de San Millán e Ibeas en unos terminos privativos del demandante, llamados "Fuentes de Arbago" y "Carrascal", tocantes a la ciudad de Burgos y al convento de San Pedro de Cardeña, sin que los lugares de Ibeas y San Millán tengan en él propiedad alguna, más que los derechos de pasto con sus ganados.

De entre los pleiteados por la Junta y alguno de sus concejos integrantes hemos seleccionado tres de ellos. El primero de los documentos, fechado en el año 1579, contiene la carta de poder otorgada por la Junta a sus procuradores para que actúen contra el concejo de Santa Cruz por introducir unos ganados enfermos de su propiedad en el monte de Matanzas, propio de la Junta. El segundo data de 1584, mostrando una carta ejecutoria dada contra los pueblos de Cuzcurrita y Espinosa. Cueva, San Adrián, Brieva y Salgüero en razón de cómo se han de mantener y cuidar los términos de la Junta. El tercero y último tuvo lugar en 1579, cuando se pleitea contra un vecino de San Adrián por talar árboles en los montes de propiedad de la Junta sin solicitar previo permiso al concejo del lugar correspondiente y hacerlo sin seguir las normas de tala.

La Junta de Juarros, y en su nombre los alcaldes y regidores elegidos al uso, también se citó ante la justicia por problemas de entendimiento con otros pueblos vecinos no miembros de la Junta. El pleito de este tipo más antiguo data de 1388, año en que se resuelve en doble sentencia el pleito habido entre la Junta y la villa de Pineda de la Sierra con motivo del uso de los términos y pastos que ambas panes tenían en común. Aunque la resolución primera de 6 de julio establece los lugares exclusivos donde podían pastar los ganados de la Junta, y aquellos otros de tipo comunero donde podían hacerlo conjuntamente los de la Junta y Pineda, pero no entra en especificar los límites tanto de unos como de otros. La grana era otro de los motivos de conflicto que hubo de solucionar reiteradamente, pues eran constantes las intromisiones de ganado durante el tiempo en que la cosecha permanecía en los campos hasta el día de su recogida. Lejos de solucionarse el lema de la entrada de ganados en la grana, fue necesario dar una segunda sentencia el 8 de julio de 1395 reafirmando el contenido de la primera. Para el caso de Palazuelos, pueblo con el que tenia en propiedad común el aprovechamiento de pasto en unos términos, se establecieron las normas y penas para su buen uso y disfrute en una sentencia dada en 1584.

Contra la Villa y Tierra de Arlanzón ha de verse ante la justicia real en 1728 tras hacer apelación del pleito sobre pastos y prendadas. Gracias a este documento sabemos que la villa de Arlanzón está en posesión de una sentencia que pone fin a sus diferencias con la Junta mediante el establecimiento de pastos de uso común dentro de los términos de una y otra jurisdicción. De esta manera, Arlanzón se compromete a ceder el uso compartido de algunos de sus alcances con la Junta y lo mismo ha de hacer ésta con su vecino. Parece que la sentencia no se lleva a efecto, pues en 1789 se observa cómo, para poner fin a los incidentes en estos alcances, se procede a elevar la sentencia a la Chancillería.

Con los cercanos monasterios de San Pedro de Cardeña, Bujedo y San Cristóbal de Ibeas tampoco faltaron las diferencias. Con el primero de ellos entabla un pleito en el año 1592 sobre pastos en el "monte de Cardeña", que la Junta alega ser de su propiedad mientras el monasterio defiende su titularidad. Con Santa María de Bujedo se mantiene un pleito en 1545 por unos derechos de pasto y leña que el monasterio reclama poseer en el monte de "Malanza" y que los vecinos de Juarros le niegan e impiden. Al parecer, la Junta hace prendadas por la fuerza de dos carneros del monasterio, alegando pastar en el citado término. Tampoco falcarán las diferencias con el monasterio de San Cristóbal. Así, en 1538 se da en la Chancillería de Valladolid una Provisión del rey Carlos V para que los de la Junta no puedan arrendar los pastos para ganado en perjuicio de los abades del monasterio. La Provisión se hacía extensible amonasterio de Bujedo. En los años 1628 y 1735 se continúan los pleitos con San Cristóbal, esta vez no ya la Junta como entidad supraconcejil, sino con algunos de los concejos integrantes. El primero tiene lugar con los concejos de San Millán y San Andrés sobre el aprovechamiento de unos montes y términos propios del monasterio y el segundo con el concejo de lbeas por ciertos derechos de aprovechamiento de unos pastos comunes.

El cuidado de los montes era otra de las obligaciones de la Junta y correspondía a ella su gestión y supervisión. Cuando el aprovechamiento de algunos montes era compartido con algún pueblo vecino a la Junta, era necesaria la elaboración de un compromiso que impusiera límites a las cortas incontroladas de leña. Cuando la titularidad del monte correspondía exclusivamente a la Junta, ésta elaboraba un sistema

de multas para aquellos vecinos de fuera que entraran a realizar cortas ilegales de leña. Estas multas variaban según el lipo de árbol cortado y la cantidad de leña extraída. Pero los propios vecinos de la Junta también requerían de permanente vigilancia, pues aprovechando las suertes de leña que les correspondían en los montes de su localidad o en los de la propia Junta, en la mayoría de las ocasiones se llevaban más de lo que les correspondía, haciendo cortas indiscriminadas que iban en contra de las normas contenidas en las ordenanzas. Las talas de árboles debían ir acompañadas de los permisos oportunos del propio alcalde del concejo donde se hallaba el dicho término. Pero los casos de incumplimiento fueron muchos y la Junta se vio involucrada en numerosos pleitos con sus concejos. Uno de ellos tuvo lugar en el año 1579 contra unos vecinos de San Adrián por talas en el término de la Junta sin el permiso requerido.

La introducción de ganados enfermos en los montes de la Junta quedaba, igualmente, prohibido, pues suponía que se contagiaría al resto de los ganados. En 1775 se requiere una consulta sobre la legalidad de llevar ovejas merinas con enfermedad de "viruelas" a los montes de la Junta. La respuesta a esta consulta es taxativa y rotunda. Se prohibe entrar con los ganados enfermos de otros lugares en el término de la Junta, debiendo estos pueblos mantenerlos en sus respectivos términos. De darse el caso de una intromisión de ganado enfermo foráneo, la parte afectada queda legitimada para hacer la correspondiente prendada, pero con previo aviso al pueblo infractor de las consecuencias derivadas de un acto tal. De no cumplir con el aviso, se devolverán las prendadas hechas.

3.6. Las Ordenanzas, punto de partida de la normativa interna de la Junta.

La Junta de Juarros tiene la suerte de contar con unas ordenanzas del año 1606, pero con el gravamen de no disponer con el documento original al día de hoy, sino con una transcripción actual de las mismas. De esta transcripción sabemos que se reúnen en Revilla del Campo el 4 de diciembre de ese año cinco vecinos de Santa Cruz, SanAdrián, Revilla, Revillarruz y Villamel de la Sierra en representación de toda Ja Junta de Juarros y La Mata, para que "hagan las ordenanzas e capitulas que para la conservación de los terminos, pastos, montes, panes, villas, prados que cumplieren e fueren menester ... "

Las ordenanzas constituyen la legislación que rige el funcionamiento interno de la Junta. Para, elaborarlas, siempre ante un escribano, se requería una carta ejecutoria emanada de la Chancillería Real de Valladolid y la confirmación de Su Majestad, Presidente y Oidores del Real Consejo de la Audiencia. Para el caso que nos ocupa, para su elaboración hubieron de reunirse los alcaldes, procuradores, hijosdalgo y "omes buenos" de la jurisdicción de Juarros y La Mata, congregados en Junta General en el monasterio de Santa María de Bujedo, en respuesta al llamamiento hecho por los alcaldes de la Junta. Como dice el documento, reunidos como manda la costumbre para hacer y otorgar las cosas que son a servçio de Dios, nuestro señor Jesucristo y utiles y provechosas al dicho concejo e vecinos del. Todos estos requisitos tienen su sentido, puesto que su elaboración debía hacerse conforme a las leyes del reino, sin perjuicio alguno para la Corona Real y para la jurisdicción que la ciudad de Burgos tiene sobre la Junta. Este tipo de normativa de régimen interno de la Junta se estropeaba con tanta facilidad, dado su excesivo uso, que se hacia necesario hacer copias para su futura conservación. Una copia de estas ordenanzas tenía que depositarse ante el alcalde pedáneo y demás oficiales de cada lugar de la Junta. El contenido de las ordenanzas nunca debía contravenir las leyes de la Corona Real ni la jurisdicción que la ciudad de Burgos ejercía sobre la Junta de Juarros. Del cumplimiento de todos los contenidos delas Ordenanzas se hacían cargo los alcaldes de la Junta y los alcaldes pedáneos de los respectivos concejos integrantes. De igual manera, quedaban capacitados para imponer multas mayores o menores a las contempladas en estas ordenanzas, dispuesto a su voluntad como lo han tenido e tienen de costumbre.

Las ordenanzas de la Junta únicamente aluden a la normativa de pastos, montes, panes y prados. Entre los capítulos tratados cabe citar los referentes a la conservación de los panes y viñas frente a la entrada de ganado, la regulación de las dehesas y pastos para los bueyes y otros animales de tiro, el cuidado de los montes frente a talas masivas, conservación de la grana en los montes de encina, roble o haya o acerca del abastecimiento de pan, vino y carne en las villas respectivas. Aunque la mayoría de las penas van encaminadas a la consecución de la tranquilidad en materia de pastos, bosques y otros aprovechamientos en los términos propios de la Junta y, en consecuencia, comunes a todos los concejos integrantes.

A continuación, haremos un breve recorrido por el contenido de las ordenanzas, a fin de conocer mejor la gestión de los montes y pastos de la Junta, verdaderos protagonistas de éstas.

-Conservación y guarda de los panes, viñas y prados. Cualquier persona que entrare con sus ganados mayores o menores a comer y pisotear los panes, viñas y prados durante el tiempo que estos permanecieran sembrados y acotados por cada uno de los concejos de la Junta, se le debe hacer evaluación de los agravios ocasionados. Las dos personas encargadas de hacer dicha valoración serían las elegidas por el propio concejo del lugar afectado, siendo su alcalde la persona legitimada para obligar al pago del daño, así como mandar sacar las correspondientes prendadas.

-Quedaba prohibido entrar con los ganados mayores en los panes hasta pasado el mes de marzo, so pena de un "cuartillo" por cada cabeza. Los ganados menores, sin embargo, debían pagar por cada 10 cabezas el equivalente a una de ganado mayor. Además del daño causado, cada cabeza de ganado mayor debía pagar el atrevimiento de entrar a los panes un total de 10 maravedís de día y 20 de noche. Al vecino que se negara a pagar la multa impuesta, se le aplicaría una pena doblada. Cada cabeza de ganado menor que fuera sorprendido en los sotos debía pagar una multa de 1 mrv. de día y dos de noche. De no querer hacerlo su dueño, se le doblará la pena, pudiendo castigarle los alcaldes de la Junta y concejos. Sólo se podrá entrar en estos sotos con la pertinente licencia otorgada por el concejo y alcalde de la Junta.

-La misma pena se aplicará a aquellos ganados que entraran en los pastos dedicados al pasto de los bueyes y mulas de tiro, además de abonar el daño ocasionado.

-La conservación de los montes ocupaba una buena parte del interés de las Ordenanzas. La preocupación de la Junta por su cuidado y salvaguarda queda demostrado en el volumen de las penas impuestas por cada pié de árbol cortado sin consemimiento si lo comparamos con los menores importes aplicados en concepto de pastos. Así, cualquier persona que cortara pié en alguno de los montes de la Junta o de los concejos integrantes, se le aplicaría una pena por cada ejemplar de roble, encina o haya cortado de 400 mrv., pudiendo el concejo afectado aprovechar la leña cortada de forma ilegal. Y la misma pena se aplicaba por la osadía de cortar dicha leña. Además, a la poda de un pié de encina, roble o haya de menor grosor del permitido (30 pulgadas) se le aplicaba una pena de 1 real, por cada carretada de leña de ramas, así de roble como de encina, una pena de 9 reales; de cada carga de leña, una multa de 2 reales y medio; por cada haz de leña de ramas y "aljobe", 42 mrv. y a todo aquel que fuere rebelde, que tenga la pena doblada. 

Cuando se daba el caso de hallar montes muy poblados, ásperos y llenos de mucha maleza (calificados por los documentos como de "fragosos"), cabía la posibilidad de que los concejos de la Junta los limpiaran y entre sacaran, a fin de guiarlos pies que se dejaran, pudiendo entonces los ganados aprovechar las cortas sin incurrir en pena alguna.

-Cuando los montes de encina, roble o haya estaban cargado de grana, los concejos y alcaldes de la Junta podían ordenar su cuidado y respeto, pagando de multa cada cabeza de ganado mayor que entrara en los dichos montes en tiempo de veda un total de medio real y cada cabeza de ganado menor 1 mrv. de día y 2 de noche. Se cobraría también la bellota pastada por los animales y en caso de "rebeldía" por parte del vecino sorprendido, se le aplicaría una pena doblada.

-Los recaudadores que cada concejo nombraba para el cobro de las alcabalas, rentas y servicios reales también estaban legitimados para poder sacar prendas de ganados, así como venderlas en sus respectivos concejos.

Hasta aquí hemos tenido ocasión de conocer todo lo referente a la gestión y aprovechamiento de los montes, pastos y alcances de la Junta. Pero las Ordenanzas también hacen una pequeña alusión a otros temas de interés, como es el abasto de pan, vino y carne. Una de los compromisos que debían adquirir los panaderos, taberneros, carniceros y tenderos era el de abastecer y servir a los vecinos de cada concejo y a los viandantes que pudieran recorrer los distintos lugares de la Junta de todo lo necesario a unos precios moderados. De incurrir en abusos, por cada vez que se falte a la obligación, se penará a los suso dichos con una multa de 200 mrv.

3.7. Lo bienes propio de la Junta.

Además de ser titular con personalidad jurídica propia, de los montes comunales entre los que se incluyen los conflictivos de Matanzas y el monte de san Pedro, junto al término de Revilla del Campo. La Junta debió llegar a tener un cierto patrimonio en bienes propios, de cuya existencia también nos dan fe los documentos. Es por ejemplo el caso del molino de Picos. En 1742 la Junta de Juarros tenía a renta el molino de Picos, propio de la granja de Nuestra Señora de Villalbura, dado a censo perpetuo por parte del monasterio de San Juan de Ortega, que a su vez subarrienda a un particular a cambio del pago de una renta anual. El arrendatario debía abonar a Ja Junta las 48 fanegas anuales que ésta debía al monasterio, otro tanto a la Junta en concepto del subarrendamiento, el diezmo de lo que sacare de las tierras y comprometerse a tener bien cuidado y reparado el molino, el canal, las presas, la casa, la tenada, los arroyos y zanjas y todo cuanto comprendía el objeto del arrendamiento. Igualmente, estaba obligado a mantener bien cerrado el prado y la tierra del soto, ensanchar el cauce a su paso por la casa de cierto particular y no impedir a los vecinos de la Junta el pasto con sus ganados. Diez años después, la Junta se compromete a hacer efectivo dicho pago en caso de no satisfacerlo el arrendatario. En el año 1767 la Junta decide hacer un apeo, demarcación y amojonamiento del término llamado Redondo y demás posesiones que integraban el molino de Picos, dado a censo perpetuo por dicho monasterio a los conzejos, justizias. reximiento y vecinos de la Junta de Juarros y La Mata. Conforme transcurren los años y se suceden los arrendatarios, no se observa un aumento en el importe del censo cobrado por la Junta. En 1820, tras fallecer el último de los arrendatarios del molino de Picos, se reúnen los concejos que componen la Junta con objeto de hacer la puja que les permita hacerse con él. El remate del molino acaba concediendose al pueblo de Ibeas durante nueve años. Para su disfrute deberá hacer efectivo el pago de la renta anual debida al monasterio, una cierta cantidad acordada a la Junta y el diezmo correspondiente. El remate del molino se repetirá en dos nuevas ocasiones tras el vencimiento del arrendamiento, pero, una vez más, logra hacerse con él Ibeas.

3.8. Los Privilegios de la Junta.

A través de la documentación hemos podido advertir que la Junta gozaba de ciertos Privilegios, aunque las referencias a ellos son tan breves que ha sido imposible, averiguar datos concretos, tan sólo que existieron. Varios documentos aluden a ellos. El más antiguo en cronología es una sentencia a la que ya hemos aludido con anterioridad con motivo de los pleitos entablados entre la Junta y los concejos no integrantes. Para su resolución. el juez recurre al famoso privilegio otorgado por Alfonso VII en el año 1145. Uno de los puntos a tratar fue el pasto de los ganados de la Junta, origen del conflicto. Aunque de una manera bastante vaga, se establecía que los ganados de toda la Junta, es decir, aquellos formados por los rebaños de lodos los pueblos integrantes, podían pacer y beber, según el prebilexio que ellos an de los Reys en esta rraçon se contiene, en los términos que quedan entre los Juarros y el lugar de Pineda. De igual manera, los ganados de Pineda podían pacer con los de la Junta en el término que tuvieren de "comunero de consuno", segun que se contiene en el prebilegio que los ormes buenos de Pineda tienen en esta rraçon e ellos con ellos.

El segundo se remonta al 1497, año en que se procede a un amojonamiento conforme al privilegio del rey Alfonso VII. También en el año 1549, con motivo del apeo de los términos que tiene la Junta con los lugares comarcanos, se dice se procederá a la colocación de los mojones conforme al prebilegio que la dicha Junta tiene (...)Cien años más tarde, en 1655 se procede al apeo de los términos de la Junta con la villa de Atapuerca, se reúnen los concexos y veçinos de los lugares, en Xunta de Buxedo, por testimonio de mi el dicho Marcos Rey. Dixeron que la dicha Xunta de Xuarros que son Santa Cruz, Brieba, San Adrian, Salguero, Mozonzillo, Cueba y dicha Billa de Tapuerda por xustos y derechos tindos y prebilexios delos señores Reyes de gloriossa memoria, tienen çierto termino anbas parres comunero que llaman Balhondo que su prinzipio es de la moxonera dela hermita rreferida (...) Una buena pista acerca de la existencia de un privilegio de esta naturaleza nos la proporcionó el Archivo del Cabildo Catedralicio de Burgos, donde hallamos una copia del siglo XVIII del Becerro del monasterio de San Cristóbal de lbeas. Entre el corpus documental hallamos una breve noticia a modo de resumen de lo que fue un privilegio real dado por Alfonso VII en el año 1145. La noticia dice así: Hay un privilegio del emperador D. Alonso el VII, dado en el año de 1145, en el qual se ponen y señalan los mojones de la Junta de Xuarros que el dicho emperador les concedio a ruego e interseccion de D. Gutierre Fernandez y de Rodrigo Muñoz, fundadores de esta casa igual que otro privilegio sobre que les sean guardados los fueros comenidos en el y en el Cartulario, que tambien esta en el Archivo y sobre que no paguen portazgo. 

Ante la indudable falta de datos acerca de este privilegio acudimos a la Sección de Clero del Archivo Histórico Nacional, donde confiábamos hallar este documento. Tampoco entre el Cartulario de San Cristóbal encontramos este preciado privilegio, lo que nos lleva a pensar que aquí debió permanecer por lo menos hasta el año 1787, año en que constata su existencia la copia contenida en el Archivo de la catedral burgalesa.

Aunque las noticias que nos aporta el Becerro del siglo XVIII son insuficientes numéricamente, no lo son, sin embargo, desde un punto de vista histórico. Sabido es que a mediados del siglo XII el fenómeno de la Repoblación está ya plenamente consolidado. La linea del Tajo se ha sobrepasado y se lucha por frenar la ofensiva almorávide al sur de esta barrera fluvial. A medida que se ganan posiciones al invasor árabe, aumenta la cantidad de posesiones con las que pagar los servicios prestados por los soldados de las huestes reales. Otra vía de canalización de esta tierra sobrante fue, como podemos comprobar para el caso de la Junta de Juarros, la donación regia a entidades de carácter supraconcejil. Desconocemos la magnitud de tal donación, pero suponemos sena la de una merced propia de un emperador, la cual requería de un apeo y amojonamiento adecuados. Al parecer, Alfonso VII procede a petición de unos particulares, fundadores del monasterio de San Cristóbal, a la que se une otro privilegio que garantice, la salvaguarda de los fueros o exenciones de que disfrutara la Junta de Juarros. En el año 1293, durante el reinado de Sancho IV tiene lugar la confirmación del privilegio en la exención del portazgo a los lugares de la Junta, eximidos así del pago de un tributo que grababa la entrada y salida de mercancías. Años más tarde, en 1308, el rey Femando IV confirma una vez más el disfrute de los fueros arriba mencionados, así como el derecho de no pagar portazgo. En 1351 hay una nueva confirmación por parte del rey D. Pedro I, que incluye un privilegio sobre la sal. Tres años más tarde, en 1354, el rey D. Enrique II confirma dichos privilegios de la Junta, entre ellos el de no pagar yantar (un impuesto en metálico que había sustituido a la vieja costumbre de dar de comer al rey y a su séquito cuando visitare un determinado lugar).

Si estos privilegios tlienen que ver con el disfrute de ciertos términos en calidad de titular único, la Junta también contó con otro tipo de privilegios de carácter temporal y con posibilidad de renovación. Nos referimos a los que tienen que ver con exenciones fiscales, más concretamente, con la rebaja del Servicio Ordinario y Extraordinario. Ante el preocupante descenso de población experimentado en la totalidad de los pueblos de la Junta, ésta se ve en la obligación de solicitar en el año 1738 una Real Cédula para la rebaja a la mitad lo que se pagaba en concepto de dicho Servicio, así como también una reducción del 4% al recaudador por la cobranza del mismo. El motivo es alarmante. Si en el año 1591, la Junta poseía una población total de 764 vecinos pecheros, al día de la petición sólo contaba con 142 vecinos del Estado General (que contribuyen al fisco) y 28 del Noble, 58 habitantes y 19 mendigos. La respuesta es inmediata y se concede dicha Real Cédula por un plazo de seis años, con principio en el 1 de enero de 1737 y final en diciembre de 1742. Llegado el vencimiento del plazo, la Junta se ve en la necesidad de solicitar una renovación del privilegio, de manera que se prorroga la gracia durante cuatro trienios más, en agradecimiemo a la contribución de la Junta a las milicias. En tan sólo dieciséis años, la población de la Junta vuelve a descender hasta alcanzar los 126 vecinos y "medio".

3.9. Las Concordias.

Pero quizás hayan sido las Concordias el tema más reiterado a la hora de resolver debates por introducción de ganados entre los lugares de la Junta y los lugares comarcanos. Una de ellas es la concordia firmada con Pineda de la Sierra en el año 1388 en orden a solucionar las diferencias que surgen por los términos y uso de los pastos para los ganados de ambas partes, finalmente solucionadas tras la emisión de dos sentencias. La otra queda incluida en el apeo que se hace entre la Junta y la Villa y Tierra de Arlanzón en 1616 y que data del año 1511, por la cual cada parte se compromete a dar a la otra unos alcances de su propio término para el aprovechamiento conjunto de los pastos.

Comencemos por la primera de ellas, la firmada en el año 1388 con Pineda de la Sierra. Esta concordia tendría un claro precedente en el apeo de los términos del monasterio de San Cristóbal, cuyo contenido será utilizado para establecer las bases de una futura concordia que versaría sobre el aprovechamiento de los pastos y la corta de leña en los bosques de los términos limítrofes de ambas demarcaciones. El contenido de alguno de los capítulos nos ha servido para explicar la manera de proceder de la Junta respecto a otros lugares colindantes, por lo que la realidad vivida para el caso de Pineda puede servimos como ejemplo de la manera de actuar de la Junta en casos parecidos. Aunque algunos de ellos nos resulten de sobra conocidos, no renunciaremos a hacer mención a todos dentro del contexto en el que se elaboraron. El primero de ellos establece que los ganados de toda la Junta, sin importar el genero, podían pacer y beber en los lugares que contempla el privilegio dado por los reyes, ubicados entre los términos que pertenecen a Juarros y Pineda de la Sierra. Por su lado, los de Pineda podían pacer junto con los de Juarros en el término comunero, conforme quedaba establecido en el mismo privilegio. La grana existente entre los términos de Juarros y la villa de Pineda requería de vigilancia frente a la entrada de ganado de ambas partes, por ello, se estableció que, ésta podía ser aprovechada por cada una de las partes desde el día de San Miguel hasta el de San Andrés, pero cada uno en la parte de su término que le tocara, sin sobrepasar el del otro. Durante el tiempo que durara la grana de los términos de Pineda, así como lo que le perteneciera en la Canaleja, solamente las yeguas y los cerdos tenían la licencia de entrar a pacer en los mismos durante el plazo previsto. En caso de contravenirse lo dispuesto, la parte que introdujera sus ganados en los términos propios de la otra, se le penará con el pago de una res, del género que fuese el rebaño prendado. Además, durante el tiempo que Pineda tuviera acotado el término de Canaleja, a los ganados de la Junta les estaba prohibido entrar. Al parecer, la Junta no luvo por costumbre acotar, durante el tiempo que duraba la grana, ni sus montes ni los que a Pineda pertenecían en Val de Canaleja, Val de Cristóbal o Val de Ausín. Y para que siguiera cumpliéndose conforme a lo establecido, se prohibe acotar la entrada de los ganados de dicha villa, salvo a los cerdos, que comerían la grana que les correspondiera en el momento que les fuera indicado. La concordia renueva el mojón que divide los términos de la Junta y Pineda, a partir del cual se establecía el límite que no debían sobrepasar los ganados de una y otra parte. Quedaba prohibido a ambas partes prendar los ganados del otro en las tierras de "consuno", o lo que es lo mismo, de aprovechamiento común. De pasar los ganados de una parte a los términos establecidos para la otra, se pagaría una multa de una res en caso de ser sorprendidos los rebaños de porcino, caprino u ovino. De ser yeguas los animales sorprendidos, se pagaría por cada una "un dinero", además del daño ocasionado. De tener lugar una prenda de ganado porcino, ovino o caprino, se establecen cinco días para la retención del animal del primero de los géneros y cuatro para los dos restantes. De querer recuperarlos su dueño, deberá pagar 5 mrv. por el cerdo y 3 por la oveja y/o cabra. Se deberá comunicar la prendada en el plazo de dos días y, de no venir a recoger a su animal requisado, perderá su propiedad. Además de regular el uso de los pastos en orden a poner fin a las diferencias existentes, la concordia no pasó por alto el tema de la salvaguarda de los montes. Para garantizar un correcto uso del monte y el aprovechamiento de su leña, se estableció una multa de 30 mrv. para la corta de árboles de 30 pulgadas en adelante. Si fuera roble "mayor", la mulla sería de 30 mrv. y de ser haya, 20. Si por el contrario se hiciera poda de ramas de roble o acebo, la pena descendería a 3 mrv. 

La segunda de las concordias se firma con la Villa y Tierra de Arlanzón en 1616 con motivo de la concesión recíproca de alcances y soles para el pasto de los ganados. Tal llegó a ser la importancia de esta última concordia que en posteriores documentos es necesario acudir a ella para solucionar pleitos y otras diferencias, además de añadir nuevos capítulos referentes a puntos olvidados o mal solucionados. Ocurrió en 1765, cuando la Junta solicita una Real Provisión para que se cumpla la concordia dada con la villa de Arlanzón en razón del contagio de ganados. Para su emisión, es necesario acudir a una segunda concordia, dada el 13 de mayo de 1754, idéntica a la de 1511 salvo en unos capítulos que obligan a los ganados enfermos de Arlanzón y otros lugares a mantenerse en los términos establecidos. Un documento de 1792 repite los capítulos de esta nueva concordia en el que se nos dice se firmó en orden a concederse recíprocamence distintas solanas en sus respectivos términos, alcances destinados al pasto de sus ganados; pero en caso de enfermedad de los mismos, cada parte debía guardar los ganados contagiados en sus términos propios, debiendo además dar parte al otro del suceso.

Debido a las novedades que introduce la concordia firmada en 1754 con la villa de Arlanzón en materia de regulación del pasto de los ganados enfermos, nos parece conveniente comentar, uno por uno, los nueve capítulos de que se compone.

- De tener lugar cualquier contagio de ganado mayor o menor, del género que fuera, dentro de los términos de Santa Cruz y sus barrios, incluso dentro de Brieva, se ha de prohibir su entrada en los alcances que Arlanzón y sus aldeas tiene dados a la Junta, comprendidos estos desde el término llamado La Retuerta hasta la Cruz de Brieva. Y a lo mismo quedan obligados los vecinos y concejo de Urrez con sus ganados, debiendo evitar que salgan de su propio término a pastar en el de la Junta.

Si enfermaran los ganados de San Adrián, Salgüero y Mozoncillo, se mantendrían en sus correspondientes términos, guardándose de entrar a los alcances y soles que les tienen dados Arlanzón y sus aldeas. Lo mismo corresponderá hacer a los vecinos de Arlanzón, Zalduendo y los molineros que habitan en el molino de Villalbura. Se obliga al concejo donde tiene lugar el contagio dar parte de lo ocurrido al concejo vecino.

De haber contagio en los ganados de Ibeas, San Millán, Cueva, Cuzcurrita y Espinosa de Juarros, se ha de tener cuidado de no dejarlos pasar en los alcances de los pueblos expresados, debiendo quedarse en los términos propios de su villar hasta que sanasen, decisión ésta última que deberán tomar dos personas de la parte afectada.

Si los afectados fueran los ganados de Galarde y Herramel, no deberán pasar a los términos de Arlanzón para no perjudicar al ganado de esta villa ni al de la Junta. Se mantendrán en su término hasta que se de la orden al resto de los pueblos vecinos y se tomen las medidas necesarias.

Si enfermaran los ganados de Ibeas y San Millán, se les mantenga en sus términos comprendidos desde el mojón de Peña Parda al que está en el molino de Picos, pasando por el que divide la propiedad de la villa de Arlanzón y la Junta. Sólo en éste puede andar el ganado de ambos lugares, aunque tuvieran contagio.

De contagiarse los ganados de Arlanzón, Zalduendo, molino de Villalbura, Mozoncillo, Salgüero y San Adrián, les queda permitido andar unos y otros en los alcances que están señalados, sin incurrir en pena alguna, siempre y cuando sea fuera dentro del tiempo señalado en el anterior compromiso. Si sólo ocurriera en alguno de los citados pueblos, así como en los de Santa Cruz, Brieva y Urrez, debido a la cercanía de los términos, se deberá dar el oportuno parte para que cada puebla se cuide de entrar en los alcances dados por la otra parte hasta que pase la enfermedad.

-De enfermarse los ganados de Urrez, Santa Cruz y sus barrios por estar contiguos sus términos y soles, podrán gozar de los alcances que están dados por aquella parte, sin salir de ellos hasta que sanen.

Si en cualquiera de los pueblos de la Junta tuviera lugar algún contagio, se deberá avisar en el plazo de veinticuatro horas al lugar más inmediato, con el fin de tomar las medidas preventivas adecuadas. De no hacer lo mandado, se penará al dicho lugar de la Junta con veinte ducados. La misma pena deberá abonar a la Junta la villa de Arlanzón y sus aldeas de tener lugar aquí algún contagio.

Para evitar discordias en lo sucesivo y para fijar las penas a pagar por cada parte, se

acuerda que a cualquiera que introdujera ganado enfermo en las propiedades y soles del otro se le penará con cinco reales de día y diez de noche, no pudiendo poner pretexto alguno para eximirse del pago. En caso de observar reacción en su pago, se pagará una pena de cien ducados, yendo dirigida una cuarta parte para la comunidad que fuere agraviada, la otra cuarta parte para la luminaria del Santísimo Sacramento de los pueblos que firman la concordia, la otra cuarta parte para la cera y luminaria de Nuestra Señora de Villalbura, propia del convento de San Juan de Ortega y la cuarta parte restante para el adorno de la capilla del Santísimo Cristo de Villalbura.

3.10. Apeos de los términos de la Junta.

Han sido muchos los apeos y amojonamientos localizados entre la documentación de la Junta, dirigidos todos ellos a la delimitación de los términos de laJunta y su diferenciación respecto a los términos propios de cada lugar que la componen. Unas veces fue la necesidad de reponer los mojones caídos y viejos en vistas a evitar confusiones y disputas con otros lugares comarcanos; otras, la de renovar,cambiar o añadir algunos nuevos a los ya existentes.

El conjunto de los apeos localizados podemos dividirlos en dos grandes grupos: los que tienen que ver con el amojonamiento de los términos propios de la Junta, así como de los villares de los distintos lugares que la componen y los relativos a los deslindes de los términos de la Junta con los lugares comarcanos.

Comencemos por aquellos apeos que nos ayudan a distinguir los términos de la Junta del resto de los villares que la integran. De esta manera podemos imaginamos unagran comarca de los Juarros en la que diferenciar, por un lado, los términos propios dela Junta y, por lo tanto, de aprovechamiento comunitario de todos sus lugares, deaquellos otros de titularidad y uso exclusivo de cada concejo. El deslinde más antiguodata de 1549, año en que se hace apeo de todos los terminos e montes e villares y trabados y pasadas y otros quales quier bienes rraizes que la dicha Junta de Juarros y lugares della tienen y los alcanzes e dadibas que tienen con los lugares comarcanos a la dicha Junta para que cada uno sepa su villar e trabado por rraçon de hebitar muchos pleitos e debates e diferençias e quistiones y costas e daños e rruidos y escandalos que sobre lo susodicho se rrecresçiesen de cada dia (...). Al hallarse el documento incompleto, sólo conservamos el amojonamiento del villar de Ibeas, aunque debemos entender que se completaba con el del resto de los víllares que componen la Junta. Para el caso de Ibeas de Juarros, se hace una descripción detallada de lodos los mojones que delimitan la superficie de su termino, tocante a los propios de San Millán y San Andrés de Juarros. Ni que decir tiene que éste, como otros muchos apeos, nos aportan una imagen aproximada, aunque no del todo ajustada a la realidad del terreno. Si se lee con atención alguno de ellos, se comprobará que aluden a deslindes elaborados sobre la base de un recorrido a pié de los protagonistas, en este caso los alcaldes y procuradores elegidos al uso, encargados de renovar o colocar las piedras que identificarán los límites del territorio. Para evitar confusiones, se elegían tipos poco frecuentes de piedras, con un tamaño y peso superiores al resto. Otras veces se prefiere un montón de piedras o bien una cruz pintada sobre alguna de ellas. Las expresiones más comúnmente empleadas para la descripción de estos hitos se refieren a piedras gurreñas y blancas, mojones afilados .... A la hora de situarlos en el terreno, nunca falta la señalización de algunos puntos de referencia que impidan un posible despiste u olvido por parte de los vecinos del momento: a diez pasos de un roble, espino o mata; en un descampado, hondonada o cumbre, junto a algún camino o sendero, dentro o bien junto a la tierra de algún lugareño, etc. Aunque en la mayoría de los casos se hace referencia al nombre de los pagos de ubicación, en la actualidad es dificil pero no imposible, una reconstrucción mental y  un seguimiento de los mojones en función de la información proporcionada, pues pocos se han librado de un cambio en su denominación.

Los siguientes apeos que señalan los términos y vlllares de la Junta datan de los años 1636 y 1690. Será el segundo de ellos el que aquí nos interese. Por aquel año se lleva a cabo el apeo y amojonamiento en el mojón llamado "Peña Parda", que al parecer hacía de limite entre los villares de Ibeas, San Millan y el término propio de la Junta. La importancia de este apeo respecto al anterior es que se halla completo, por lo que